Legislación e innovación para una Inteligencia Artificial ética

La ausencia de información conlleva en ocasiones a experimentar un miedo irracional, ante el temor que produce lo desconocido. En el campo de la Inteligencia Artificial (IA), aunque las referencias a la misma serían cada vez más habituales, pocas personas conocerían con exactitud todo lo que implica el término. En una primera aproximación, la IA podría definirse como la disciplina científica encargada de desarrollar programas informáticos destinados a la toma de decisiones inteligentes, siguiendo un funcionamiento similar a la mente humana. Un comportamiento, en definitiva, basado en el aprendizaje y el raciocinio, cuya implementación no estaría exenta de ciertos desafíos éticos que han de ser abordados para lograr su óptimo desarrollo y “poder asegurar que esta tecnología respetará los Derechos Humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad”, expone Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad Abogacía en el prólogo del documento “Ética e Inteligencia Artificial: Un reto estratégico para las empresas y la sociedad”, elaborado por dicha entidad y la Fundación SERES.

La transversalidad que caracterizaría a la IA, facilitaría el uso de esta tecnología en prácticamente en cualquier actividad del sector económico y social. Sin embargo, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) tan solo el 8% de las empresas españolas la utilizarían. Su uso estaría orientado principalmente a la automatización de tareas repetitivas, seguido de la mejora de la calidad de productos y soluciones. La IA conllevaría a una reorientación de los puestos de trabajo, otorgando mayor peso a lo digital, siendo este cambio de paradigmas una de las grandes preocupaciones para muchos profesionales ante el temor a perder su puesto de trabajo. En esa búsqueda por obtener mejores resultados, gracias al uso de esta tecnología, el documento elaborado por la Mutualidad Abogacía y la Fundación Seres, señala como “la IA debe utilizarse para mejorar, y no sustituir, la toma de decisiones por parte de los profesionales de las compañías”. La colaboración entre la Inteligencia Artificial y los profesionales sería fundamental e iría en beneficio de estos últimos, dejando a la tecnología aquellos trabajos más reiterativos y monótonos, y permitiendo a los profesionales centrarse en puestos más creativos.

La expansión de la IA implica dotarla de un marco regulatorio propio, que contemple la ética en todas las etapas de su cadena de valor, a fin de garantizar que esta es responsable, transparente y justa. En este proceso y, siguiendo con lo recogido por el documento, es necesario encontrar un equilibrio para que la legislación sepa hacer frente a los desafíos asociados a esta tecnología, sin que ello suponga un freno al desarrollo tecnológico. “Para ello es necesario alcanzar un equilibrio entre la legislación derivada de los desafíos éticos, la autorregulación de los agentes y la existencia de un margen suficientemente amplio para el desarrollo de la tecnología. No se debe ahogar la innovación”, recoge el documento.