Derechos de la ciudadanía en la era de la Administración electrónica

La relación entre la ciudanía y el Estado se ha visto alterada por la integración de herramientas cada vez más sofisticadas que sitúan a nuestro país a la vanguardia de la digitalización del sector público. España ocuparía la décima posición en materia de gobierno digital en Europa, mientras que Madrid se posicionaría como la segunda capital, por detrás de Berlín, a nivel mundial en el ranking E-Government Survey (2022) de Naciones Unidas. La instauración de la Administración Electrónica, aunque positiva en muchos aspectos, habría derivado en una pérdida de derechos para la ciudadanía. En un ejercicio de sensibilización con esta realidad, han surgido iniciativas como la Carta de Derechos Digitales, dada a conocer en 2021, y que actúa como marco de referencia para la preservación de los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. El citado documento haría mención a ese derecho a una buena administración, recogido en el artículo 41 de los Derechos Fundamentales, extendiéndolo al ámbito digital.

La disminución de la atención presencial y el consiguiente avance hacia la imposición de la modalidad electrónica en la relación con las Administraciones Públicas, sería uno de los ámbitos en los que más se habría de trabajar para frenar cualquier tipo de discriminación derivado de este proceso. A la falta de competencias digitales básicas por parte de la ciudadanía, una carencia compartida por un 40% de la población española, se suma la complejidad que acompañaría a los trámites electrónicos.  Consecuencia de esto último, un 83% de los usuarios manifestaría haber dejado incompleto algún trámite ante la dificultad para entenderlo. Es por ello, por lo que la Carta de Derechos Digitales, aboga por que se preserven los derechos de aquellas personas que no quieran o puedan utilizar los recursos digitales, habilitando las alternativas pertinentes en el mundo físico. En esta idea de no dejar a nadie atrás, Fernando Galindo, subsecretario del Ministerio de Política Territorial, se refiere a la digitalización como “un cambio de paradigma, que tiene que funcionar para todos”, a lo que añade que “no se trata solo de informatizar servicios públicos, sino de crear nuevas funcionalidades que no hubiesen sido posibles sin la digitalización”. Las palabras de Galindo se enmarcan en la jornada organizada el pasado martes 3 de octubre por la Fundación Alternativas, en la que se presentaba el informe “La digitalización en las Administraciones Públicas en España”, cuyo autor Lorenzo Cotino Hueso, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, también participaba en el acto.

Falta de recursos y consolidación de la cita previa

La cita previa, que tiene por objetivo la optimización de los recursos públicos, se habría convertido en una de las mayores barreras a la hora de establecer una relación entre la ciudadanía y la Administración. Pese hay quienes verían representada en ella, un claro ejemplo de los obstáculos que habría traído consigo la administración electrónica, ante las dificultades para concertar una cita, la situación no vendría tanto influenciada por la brecha digital, como sí por la falta de “recursos humanos y administrativos”, según lo apuntado por Cotino. Las notorias carencias de personal presentes en todos los niveles de la Administración dificultarían llevar a cabo esa transición digital. Cumplir con el derecho de una buena Administración electrónica, demanda modificar las regulaciones a nivel estatal y autonómico, prestando atención a otros derechos como ¡el de asistencia, así como el de privacidad, seguridad y protección de datos.