La cultura de la transparencia, una década después de su llegada

La cultura de la transparencia iniciaba su recorrido en nuestro país hace una década, con la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La norma reconoce el derecho de acceso a la información pública y cumple con lo previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, por el que se establece el derecho de la ciudadanía a conocer los archivos y registros administrativos, a excepción de cuando pueda suponer un grave riesgo para la defensa o la seguridad del Estado, la intimidad o la averiguación de delitos. Por otro lado, introduce el concepto de publicidad activa, determinando el deber de las Administraciones Públicas y otros sujetos obligados, entre los que se incluyen las corporaciones de derecho público, a publicar de forma periódica y actualizada determinada información en sus páginas web, a fin de garantizar la transparencia de su actividad.

Pese a los avances alcanzados durante este periodo, que harían que a día de hoy nuestro país se sitúe en una posición intermedia en el cumplimiento de esta materia, “la cultura de la transparencia no ha calado suficientemente en el seno de las administraciones públicas”. Así lo manifestaba José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), durante la celebración de la jornada organizada por dicho organismo el 12 de diciembre: “10 años de transparencia y acceso a la información pública en España”. Para Rodríguez Álvarez, uno de los temas en los que se habría de seguir trabajando, ha de ser el desconocimiento existente entre los sujetos obligados en lo que concierne a la ley y, singularmente, en lo que respecta al derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

 Demandas de la ciudadanía europea

Según recoge el Eurobarómetro publicado en el mes de mayo, la ciudadanía europea abogaría por una administración pública más eficaz y eficiente. Para aumentar su confianza en las administraciones públicas, considerarían prioritario reducir la burocracia y que exista una mayor transparencia en lo que concierne a las decisiones y el uso de fondos públicos. En este sentido, también reclaman una administración más cercana, que refuerce la comunicación con la ciudadanía y que contemple a su vez proporcionar “información más clara sobre los procedimientos y los servicios”. En lo que respecta a los servicios prestados por la Administración electrónica, en torno a un 35% de la población creería oportuno lograr que estos fuesen más sencillos de usar. Manuel Medina Guerrero, ex director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos Andalucía se refería a la Ley, recordando que esta estaría pensada para que “el ciudadano controle a los gestores públicos, no para que estos se controlen entre sí”. La reflexión de Medina Guerrero respalda el principio esencial sobre el que se basa la cultura de la transparencia, que sitúa a la ciudadanía en el centro de cualquier actuación, ante una mayor demanda de información sobre la actividad de los poderes públicos. La transparencia sería el medio a través del que garantizar una mayor confianza en las instituciones públicas y reforzar cualquier sistema democrático.