La persistente crisis de los derechos humanos

La tensión geopolítica y las sucesivas crisis, de diferente índole, en las que se ve inmersa la comunidad internacional muestran un camino que difiere al planteado hace ahora setenta y cinco años, cuando el 10 de diciembre del 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fruto de este consenso, se iniciaba la reconstrucción de un mundo marcado por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, enumerando aquellos treinta derechos que todo ser humano, sin distinción ha de ver cubiertos. Pese a ser una declaración de intenciones, su naturaleza jurídica habría servido de inspiración para la elaboración de diferentes tratados de derechos humanos.

En su preámbulo, la citada Declaración haría referencia a la libertad, la justicia y la paz como elementos imprescindibles para el reconocimiento de la dignidad de toda persona y de los “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Precisamente, la Constitución Española, en su artículo 10.1 hace mención a la dignidad de la persona, intrínseca a todo ser humano y elemento fundamental sobre el que se sustenta la citada Declaración. Asimismo, el apartado segundo recoge: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Una cuestión que quedaría reflejada a lo largo de los diferentes artículos que integran la Carta Magna.

La hoja de ruta definida años atrás, en cuya redacción final participaban más de 50 estados miembros, supuso un verdadero hito al lograr el mayor consenso internacional alcanzado hasta la fecha en materia de derechos humanos. Todo ello, en una coyuntura marcada por la incertidumbre derivada de la tensión geopolítica que surge con el inicio de la guerra fría y la configuración de una nueva era. Hoy, el incumplimiento de los derechos humanos sigue siendo una realidad más que evidente para muchas personas. La labor de los poderes públicos es primordial para garantizar el cumplimiento de tales derechos, siendo su deber articular los mecanismos necesarios para que estos se vean cubiertos, como también lo es la implicación de la ciudadanía. No obstante, sigue existiendo un claro desconocimiento por gran parte de la población sobre estos, siendo necesario llevar a cabo una labor de alfabetización.

Derechos humanos y ODS

La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha permitido reflexionar sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos, definiendo a su vez las líneas sobre las que se ha de seguir trabajando en los próximos años. El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado en julio del 2023 por Naciones Unidas, apremia a llevar a cabo un cambio de rumbo urgente para la consecución de ese mundo más inclusivo y sostenible definido años atrás. Según los datos recogidos en el citado informe, aproximadamente la mitad de las 140 metas analizadas estarían moderada o gravemente desencaminadas de cumplir con los objetivos marcados, mientras que un 30% permanecerían estancas o habrían involucionado en el camino iniciado en 2015. Extrapolándolo al ámbito de los derechos humanos, trabajos como este requieren adoptar una postura crítica para seguir avanzando en la protección y cumplimiento de los derechos humanos, contemplando los nuevos retos que trae consigo el avance de las sociedades.