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La AEPD presenta una guía mediante la que reducir riesgos en la digitalización del sector público

Administración Pública

Consagradas a mejorar nuestra calidad de vida, las tecnologías emergentes han traído consigo nuevas formas de trabajar, informarnos e incluso relacionarnos, repercutiendo positivamente en nuestro día a día. Importantes avances que, por el contrario, no quedarían exentos de poder llegar a generar un efecto adverso, derivado de la ausencia de modelos preventivos que ayuden a identificar los posibles riesgos de una actividad, así como las dimensiones que podría llegar a alcanzar el problema si se diera el caso. En el ámbito de la Administración Pública, la prevención se convierte en la mejor aliada a la hora de evitar que se pueda incurrir en una vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía, cuyo perjuicio podría llegar a alcanzar grandes dimensiones, dado el volumen de datos personales que son almacenados en sus sistemas. A fin de reducir las probabilidades a que tal situación pueda llegar a consumarse, desde la Agencia Española de Protección de Datos ponían al servicio de la Administración, así como de la sociedad en su conjunto, una guía mediante la que analizar las principales herramientas que a día de hoy son utilizadas por el sector público, abordando muy sucintamente los principales riesgos que suponen en el ámbito de la protección de datos personales.

Si en un reciente informe elaborado por EY para Microsoft, se concluía que pese a considerarse una prioridad para el 80% de las organizaciones de nuestro país, tan solo un 33% de las mismas contaría con una estrategia en IA, habiéndose apenas evidenciado, al menos por el momento,  resultados tangibles en la esfera del sector público, lo cierto es que acelerar el proceso de digitalización de la Administración General del Estado, habría llevado a destinar gran parte de la partida presupuestaria del conocido como Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia a este fin. Por tanto, aunque de forma pausada, el salto a la Administración digital ha comenzado a hacerse más efectivo que nunca, tras la activación de aquellos procesos que, si bien eran vistos hace apenas un año como una inversión más a largo plazo, hoy son entendidos como una cuestión de estricta necesidad. Ahora bien, tan importante es su implantación, como contar con los mecanismos adecuados que permitan crear un entorno lo más respetuoso posible tanto con el ciudadano, como con quienes integran el sector público. Y es que, a pesar de que como recuerdan en la AEPD no existiría el riesgo cero a sufrir ciertas vulnerabilidades, el conocimiento y, por consiguiente, seguimiento del potencial peligro ayudaría a minimizar su impacto.

Principales riesgos en el sector público

Entre algunos de los riesgos analizados, el documento pone el foco en la sobreabundancia de datos personales almacenados por estas tecnologías, incidiendo en ese intrusismo al que muchas veces se llega a incurrir. Es por ello, por lo que desde la Agencia abogan por dotar de una mayor transparencia a las conocidas como cookies o tecnologías de seguimiento, cuyos datos muchas veces recaen sobre terceros, llegando a vulnerar esa protección a la información de carácter personal del individuo. Regirse por el principio de minimización de datos debe ser, por tanto, una de las máximas a seguir en cualquier tratamiento de Big Data. El desarrollo de las Smart Cities o Ciudades Inteligentes que, pese a que a priori se regirían por una recogida de datos anonimizada, aumentan la posibilidad de que se dé la conocida como reidentificación o correlación de los datos. Además de esta cuestión, el documento también profundiza en los servicios en la nube o cloud computing, entre cuyas ventajas se incluye el almacenamiento de innumerables datos, y que a su vez, habrían acentuado las probabilidades de sufrir ciertas brechas de seguridad, que tengan como resultado la exposición de la información personal recabada, atentando contra los principios de confidencialidad expuestos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para evitar la posible desprotección del ciudadano en este ámbito, es importante que la Administración evalúe aquel tipo de arquitectura que reduzca en gran medida el riesgo a sufrir daños.

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