Marco ético para un complejo y todavía desconocido entorno digital

Tres décadas más tarde de la creación de la primera página web, preservar los derechos de la ciudadanía en el entorno digital sigue constituyendo a día de hoy uno de los principales retos para cualquier democracia moderna. La integración de la tecnología en nuestras vidas, presente hasta en las tareas más cotidianas del día a día, nos ofrece un nuevo espacio todavía por explorar en el que confluyen nuevas oportunidades, pero también ciertos riesgos aún por definir. Mientras las barreras entre lo análogo y lo digital parecen diluirse a un ritmo vertiginoso, el nuevo entorno precisa de un marco ético que garantice la defensa de los derechos de la persona con indistinción del espacio en el que esta se encuentre y, simultáneamente, ofrezca nuevas garantías ante una realidad compleja.

En concordancia con esta línea y, particularmente, con el Plan España Digital 2025, el Gobierno presentaba este martes el primer borrador de la Carta de Derechos Digitales, sometido a consulta pública hasta el 4 de diciembre. Elaborado en el seno de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), órgano superior del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el documento pretende definir las reglas de lo digital, más allá de lnternet.  Considerada como una propuesta pionera a nivel internacional, la carta supone un paso hacia delante a la hora de “garantizar una digitalización más humanista que ponga a las personas en el centro de esta transformación digital”, apuntaba la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, durante su intervención en el encuentro virtual organizado por la Digital Future Society con motivo de la presentación del borrador. De esta manera, nuestro país vuelve a ser precursor en todo lo relativo a la protección del individuo en el entorno digital, continuando con lo expuesto en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la que España se convertía en el primer estado europeo en ofrecer cierto amparo a los usuarios en el ámbito de lo intangible.

Resultado del trabajo realizado durante meses por un total de dieciocho expertos en el ámbito de la jurisprudencia, la docencia o las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la carta pretende, tal y como apuntaba Artigas, “reforzar derechos, generar certidumbre y aumentar la confianza de la ciudadanía”. Cabe destacar, que lejos de presentarse como una cuestión de carácter legislativo, la propia naturaleza del texto lo convierte más bien en un marco de referencia para los poderes públicos en el que poder seguir trabajando de cara al futuro. Formada por un total de veinticinco derechos, la Carta se erige sobre cinco grandes ejes fundamentales: libertad; igualdad; participación y conformación del espacio público; ámbito laboral; y entornos específicos, siendo este último punto un asunto de especial trascendencia, al contemplarse por vez primera una serie de límites aplicables al campo de la neurotecnología. En concreto, se plantean cuestiones como el derecho a preservar la identidad individual, asegurar la confidencialidad de los datos, así como garantizar que estos no sean fruto de informaciones incompletas o sesgadas, entre otros aspectos relevantes. De esta manera, el documento cumple con su carácter preventivo, adelantándose a un hecho que, si bien, no supondría una amenaza inminente en el tiempo, inicia un debate sobre los posibles riesgos que podría llegar a traer consigo la monitorización de la actividad cerebral, dotando de cierta ética a este tipo de estudios cada vez más instaurados y cuyos potenciales perjuicios siguen escapándose de nuestras manos.

Participación ciudadana

Más allá de la amenaza a la propia integridad del individuo, promovida por un mal uso de la tecnología, la digitalización se habría visto traducido para muchos en una merma sus derechos como ciudadanos. Ofrecer protección a los más vulnerables es sin duda, uno de los objetivos más perseguidos por la Carta, y es que “aunque los avances tecnológicos no se han incorporado de manera igualitaria a todo el planeta sus impactos sí que afectan a toda la humanidad”, apunta Cristina Colom directora del Digital Future Society. Es por ello, por lo que situar al individuo en el centro de este proceso de cambio, poniendo a su alcance todas las herramientas necesarias para desenvolverse en el entorno digital es, para Colom la mejor forma de empoderar al ciudadano, convirtiéndolo en palanca de cambio y de integración.