El tercer sector y el reto de una comunicación inclusiva

Cuando se trata de definir el concepto de gobierno abierto (GA), encontramos cierta disparidad en torno a qué se entiende como tal. Esta falta de unanimidad también estaría presente en lo que respecta a sus orígenes, siendo complejo asociarlo a determinados actores o acontecimientos. Lo que sí se puede afirmar de forma unánime, es que el término giraría en torno a tres ejes: transparencia, colaboración y participación. Y que su evolución, con el paso de los años, habría logrado que se posicione como un elemento indispensable para el fortalecimiento de las democracias y el afianzamiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En este proceso, organizaciones de la sociedad civil, como las amparadas bajo la Plataforma del Tercer Sector, desempeñarían un papel imprescindible para la creación de los planes de gobierno abierto.

En el marco del acuerdo de colaboración firmado en 2021 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y la Plataforma del Tercer Sector, se ha publicado esta semana el informe “Gobierno Abierto: para todas las personas”. Este, sería el resultado de una de las tantas acciones que se agrupan en este convenio, y que estarían orientadas a promover una mayor sensibilización en materia de Gobierno Abierto. Destacando en todo momento la importancia de la comunicación inclusiva, el informe pondría en valor la labor desempeñada por el tercer sector, apuntando a que “un alto nivel de participación de la sociedad civil organizada ayuda a garantizar que la acción de GA mejore la situación de la ciudadanía y que haya una orientación de las políticas públicas hacia sus necesidades”. Ejemplo de ello, sería el «IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024)», que logró incluir más de un centenar de iniciativas provenientes de la sociedad civil, en su mayoría organizaciones.

La intervención del tercer sector sería especialmente relevante en el cumplimiento de uno de los pilares esenciales del Gobierno Abierto, la inclusión. Esta sería entendida como un proceso orientado a garantizar que toda persona puede ejercer plenamente su derecho de acceso a la información, además de la presencia y plena participación de toda la sociedad en su conjunto en la elaboración y ejecución de políticas públicas. En esta línea, el IV Plan de Gobierno Abierto, a través de su compromiso octavo, contempla la implementación de un Plan de Comunicación Inclusiva, bajo dos objetivos principales: la sensibilización y formación en materia de GA y asegurar la accesibilidad de los canales determinados por las administraciones públicas. Tal y como se recoge en el informe, a finales del 2022 un 40% de las acciones ya estaban cumplimentadas, mientras que el resto se encontrarían en ejecución.  El documento, también señalaría la importancia que tuvo la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional en lo que se refiere a la comunicación inclusiva, pese a no hacer mención a dicho término como tal, pero priorizando en todo momento la accesibilidad.

Fortalezas del tercer sector

El papel del tercer sector en materia de inclusividad quedaría totalmente deslucido ante la inexistencia de “un conocimiento profundo sobre la cultura del GA y su alcance, no sólo en términos de comunicación inclusiva, sino también en cuanto al potencial para transformar la relación de los colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social con las administraciones públicas”, según reflejaría el informe. Esto demandaría una mayor acción formativa en materia de GA por parte de las organizaciones, de manera que se puedan aprovechar sus principales fortalezas, como es el hecho de contar con un tejido asociativo consolidado, a través de la Plataforma del Tercer Sector, o su compromiso y liderazgo en materia de inclusión.