La eficacia de la imperfecta democracia

Como si de una simbiosis se tratara, la transparencia y la democracia se complementan entre sí, siendo la presencia de la una indispensable para el correcto funcionamiento de la otra. “El grado de transparencia existente en un país es un indicador muy fiable del nivel de calidad democrático de este”, apuntaba José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en un acto celebrado el pasado 27 de junio, enmarcado en la Semana de la Administración Abierta. La confianza ciudadana en las instituciones públicas supone un valor esencial que, por el contrario, se habría visto corrompido durante la crisis que atravesarían los sistemas democráticos. Acercar la administración a la ciudadanía y favorecer la participación de esta en la actividad pública se posiciona como una cuestión prioritaria y de obligado cumplimiento para los gobiernos.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla de forma extensa el derecho a la información pública, este se vería en ocasiones limitado por el uso de un lenguaje complejo y las barreras de acceso a las que tendrían que hacer frente los ciudadanos. Es por ello, por lo que, para Judith González Ferrán, responsable de Comunicación Clara en Prodigioso Volcán, “el derecho de acceso a la información no puede limitarse a hacer la información pública”, siendo importante garantizar otros principios como pudieran ser la accesibilidad, la usabilidad o el diseño centrado en el usuario.

El hermetismo que durante años ha acompañado a las redes de intermediación, séanse las instituciones, entre los gobernantes y la ciudadanía, características de las democracias modernas, sería la principal razón que habría llevado a estas últimas a sumirse en una profunda crisis. En el caso de España, la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sentó las bases para crear unas instituciones más transparentes. No obstante, la opacidad que en algunos casos seguirían mostrando algunos organismos no sería la única razón de esa disconformidad y, por consiguiente, desconfianza que generaría en la ciudadanía los poderes públicos, viéndose también afectada por la percepción de que las políticas públicas no lograrían dar respuesta a los problemas presentes en su día a día. Asistimos, por tanto, a una “pérdida de confianza en las capacidades de la democracia ya no solo para funcionar institucionalmente, sino para resolver problemas”, reflexionaba Quim Brugué, investigador social y Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gerona, durante su exposición en la conferencia “Democracia: crisis del presente y alternativas del futuro”, contextualizada en el Ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos. La decepción hacia los sistemas democráticos facilitaría la aparición de nuevas formas de populismo y autoritarismo, según aseguraba el experto, que se presentarían como alternativas idóneas a esa supuesta ineficacia de la democracia ante determinadas situaciones y que no harían más que agravar la crisis.

Al igual que los representantes políticos constituirían una pieza fundamental en las democracias, la ciudadanía también tendría un papel imprescindible en este proceso.  Profundizando en el concepto ciudadano/cliente, tan extendido en las últimas décadas y por el que, según el politólogo, las personas se relacionarían con la administración en términos individuales, Brugué abordaba la necesidad de que el ciudadano entienda que la democracia “no va a responder siempre a sus expectativas ni intereses, sino a un interés común”. Una realidad que hemos de interiorizar para responder conjuntamente a los retos que se presentan, desde la imperfección que nos ofrecen los sistemas democráticos.