Responsabilidad empresarial en el cumplimiento de los derechos humanos

El impacto que genera la actividad empresarial en nuestra sociedad requiere de organizaciones, cuyas inquietudes se extiendan más allá del ámbito financiero. En lo que respecta a los derechos humanos, la aprobación en el año 2011 por parte de Naciones Unidas de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, reconocía por primera vez a las compañías como actores garantes de su cumplimiento, una competencia que hasta entonces tan solo era asumida por los estados. De esta manera, se proporcionaba un marco de actuación no vinculante para las empresas y los gobiernos, mediante el que «proteger, respetar y remediar».

A lo largo de este periodo de tiempo, las empresas habrían evolucionado notoriamente en la adopción de medidas orientadas a reducir el impacto de su actividad desde una perspectiva social, económica y medioambiental, dando mayor protagonismo a los planes de responsabilidad social corporativa y buen gobierno. “No solo ha habido mayor voluntad por las empresas sino también mayor escrutinio por parte de la sociedad y los inversores”, apuntaba Ignasi Carreras, profesor y director de los programas de formación directiva para ONG del Instituto de Innovación Social de Esade, durante la sesión “Derechos humanos y empresa: retos y oportunidades”, celebrada en la mañana del 25 de octubre, y que se enmarcada en el Ciclo de Conferencias Esade-Fundación SERES. Carreras denunciaba a su vez, la impunidad que actualmente seguiría existiendo en muchos países en torno al incumplimiento de los derechos humanos.

La voluntariedad que hasta el momento habría acompañado a este tipo de prácticas desarrolladas por las empresas pronto pasaría a ser una cuestión de obligado cumplimiento, tanto a nivel estatal como europeo, fruto de la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y derechos humanos, que la Comisión Europea presentaba en febrero del presente año (cuya aprobación tendrá lugar previsiblemente en 2023) y el anteproyecto de ley sobre la protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El compromiso adoptado por las empresas con los derechos humanos no solo generaría un impacto positivo sobre la sociedad, sino que a su vez actuaría como “un gran complemento de cara al propio cumplimiento y a la transparencia de la compañía, lo que se traduce en un aumento de la reputación corporativa”, exponía Ana Antequera, directora de Comunicación y Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Ebro Foods, quien a su vez, reparaba en las dificultades aparejadas a este pacto asumido por las empresas, especialmente en la cadena de suministros. Y es que, la ciudadanía se mostraría cada vez menos condescendiente con aquellas compañías que no contarían con una actitud proactiva en la adopción de medidas que impliquen cierta responsabilidad social y medioambiental.  “La perdurabilidad de las empresas ya no solo pasa por generar un valor económico, sino que también lo haría por generar valor hacia los grupos de interés», añadía Celia Valero, técnica de Sostenibilidad de Redeia.  La formación o las auditorías sociales habrían permitido a las empresas mejorar notablemente en la gestión de los derechos humanos, siendo también fundamental la sensibilización de todos los profesionales que integran la organización acerca del cumplimiento de esta materia.