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Justicia impulsa a la mediación como alternativa a la vía judicial

El incremento de la litigiosidad derivada de la COVID-19 ha acentuado la necesidad de seguir avanzando en la implantación de un nuevo modelo de Justicia restaurativa, mediante el que atenuar el colapso judicial, priorizando el diálogo frente al conflicto. Encaminado a tal fin, y en concordancia con el Plan de Justicia 2030, el Consejo de Ministros del 15 de diciembre del 2020 aprobaba el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, hoy sometido a consulta pública, dedicando uno de sus tres ejes principales a la regulación de la implantación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para asuntos civiles y mercantiles.

El Anteproyecto sigue así la estela de otras normativas precedentes como la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, orientadas a acercar la Cultura de Paz, situando al individuo en el centro del proceso. A diferencia de los sistemas heterocompositivos, representados a través de la jurisdicción y el arbitraje, en los que una tercera persona impone una solución imparcial a un conflicto mediante una sentencia, los denominados sistemas  autocompositivos (MASC) integrados por la mediación, la conciliación y la negociación permiten a las partes implicadas solventar sus controversias voluntariamente sin necesidad de recurrir a la vía judicial, gracias a la figura de un profesional independiente que velará porque ambas partes puedan llegar a un entendimiento. Los MASC, también conocidos como ADR en su variante anglosajona, ofrecen una solución más económica, ágil y con menor impacto emocional que los litigios, repercutiendo positivamente en la relación entre la sociedad civil y el sistema público de Justicia. Tal y como exponía la presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, durante su participación en un acto institucional organizado por el Ministerio de Justicia en la mañana del miércoles, con motivo del Día Europeo de la Mediación, conmemorado cada 21 de enero, los últimos logros alcanzados en esta materia permiten seguir progresando en, “por un lado, situar a la persona en el centro del logro de sus propios derechos, y en segundo lugar, avanzar en esa cultura del diálogo y del entendimiento”. Un tránsito hacia una Justicia más accesible, sostenible y participativa, comprometida con los Derechos Humanos y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, mediante el que se busca “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

Una práctica todavía muy desconocida

Pese a los beneficios que conlleva para quienes deciden ponerla en práctica, la mediación sigue siendo un medio todavía poco recurrido en nuestro país, habiendo llegado a contemplarse a través del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación (2019), sustituir su carácter voluntario por una “obligatoriedad mitigada”, por la que los litigantes tuvieran que asistir a una sesión informativa en la que les fuera explicado el funcionamiento de este medio. “Apostar por la mediación en todos los ámbitos, potenciar la cultura del pacto y el diálogo, y crear incentivos para la mediación no es solo un reto de la Justicia, sino de toda la sociedad”, apuntaba el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. «Solo mediante un esfuerzo colegiado la nueva realidad será posible», añadía.

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