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La pandemia acentúa las desigualdades entre los más vulnerables

Derechos Humanos

Entre la multitud de factores que intervienen a la hora de evaluar el grado de desarrollo de un país, la calidad de vida de sus habitantes se posiciona como un elemento sustancial en lo que a términos de progresividad se refiere. En un día como hoy, hace ahora setenta y dos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se encaminaba hacia la constitución de un mundo más justo, pacífico y libre, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un total de 30 derechos fundamentales, inherentes a cualquier individuo, y por los que se conseguía dar un paso al frente hacia la mejora de la calidad de vida de cualquier ser humano, indistintamente de su lugar de procedencia, sexo o creencias, entre otros muchos condicionantes que durante años han sido, y siguen siendo, motivo de exclusión. En un aniversario marcado por la pandemia, la actual crisis ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la consecución de estos derechos inalienables, motor de cualquier economía desarrollada y que todavía siguen viéndose vulnerados en diferentes partes del mundo.

A las múltiples formas de discriminación existentes, previas a la irrupción de la COVID-19, se unen aquellas subyacentes de una enfermedad epidémica que, pese a su alcance global, no ha afectado a todos por igual, suponiendo un grave riesgo principalmente para los colectivos más vulnerables. Es el caso de las personas mayores, quienes además de sufrir los efectos derivados del SARS-CoV-2, también han visto reducidos sus derechos, a consecuencia de su edad. En un informe publicado por Amnistía Internacional (AI), Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España, el organismo identifica cinco derechos que habrían sido vulnerados durante la primera ola, tras los criterios adoptados en las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, cuya ineficiencia, según lo apuntado por AI, habría tenido como resultado la negativa a los derechos a la salud, la vida, la no discriminación, la vida privada y la vida familiar de muchos residentes.

Coincidiendo con la celebración de este día conmemorativo en el que la comunidad internacional se comprometía a trabajar conjuntamente en la dignificación de la persona, el Consejo General de la Abogacía presentaba un decálogo elaborado por diferentes expertos, que pretende servir de guía en la protección de los Derechos Humanos en situación de pandemia. Dirigido a los poderes públicos, el documento plantea, a través de su capítulo primero, la creación de una ley específica que permita abordar de una manera eficiente una crisis de este calibre. El decálogo también analiza otras cuestiones como la importancia de ofrecer protección a aquellos grupos de población que presentan una mayor vulnerabilidad, como pudieran ser las personas mayores o con diversidad funcional, dada la acentuación de las desigualdades provocada en contextos como el actual. Por ello, tal y como expone la secretaria general de Cáritas Española, resulta “imprescindible proteger las instituciones de bienestar: el Estado, la comunidad y la familia para que la soledad, la desvinculación y el individualismo no nos vuelvan a encontrar solos en una pandemia futura.”

Siendo uno de los más vulnerados en el transcurso de los últimos meses, el decálogo también analiza el conocido como derecho a la información y a la libertad de expresión, reconociendo el peligro que supone para las democracias modernas la propagación de noticias falsas, cuyo alcance sería cada vez mayor debido al impulso de las tecnologías emergentes. Grandes campañas de desinformación que tienen como consecuencia la manipulación de la ciudadanía en momentos de gran flaqueza y susceptibilidad. Respetar los Derechos Humanos, vuelve a ser, una vez más, la hoja de ruta mediante la que iniciar la reconstrucción de una sociedad en crisis.

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