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Existe una igualdad formal, que proporciona el marco legal, que actúa como base para desarrollar e implementar este derecho fundamental. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española recoge en su artículo 14, el principio de igualdad ante la ley, y establece en su artículo 9, el deber de los poderes públicos a garantizar la igualdad y libertad del individuo. No obstante, la igualdad real estaría todavía lejos de alcanzarse. “Tardaremos 132 años en cerrar la brecha de género”, apuntaba Concepción Campos Acuña, presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público, durante la presentación del libro “El papel de la mujer en la Administración Pública del siglo XXI”, celebrado El 4 de mayo en el Colegio de Registradores. Campos Acuña, se refería con ello a una de las conclusiones que pueden extraerse del informe Global Gender Gap (2022), que elabora anualmente el World Economic Forum, en el que también se evidenciaría como ningún país habría alcanzado la paridad de género, pese a que las diez primeras economías habrían cerrado sus brechas en un 80%.
En lo que respecta al ámbito del sector público, si bien las mujeres representarían el 57% del personal funcionario de la Administración Pública, su presencia se reduciría notablemente cuando se trata de puestos directivos, hasta suponer el 30%. Este fenómeno respondería a una segregación horizontal y vertical, tal y como apuntaría María Amor Sánchez de Ron, subdirectora adjunta de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Es decir, mientras las mujeres se concentrarían en ciertas áreas de actividad, como pudiera ser educación y sanidad, a medida que se avanza en la escala jerárquica se produciría una mayor masculinización. La falta de representación femenina en puestos de mayor responsabilidad, “afectaría a la calidad de las políticas y los servicios públicos”, según Sánchez de Ron, alimentando “el fenómeno del techo de cristal”.
Los planes de igualdad contribuirían a combatir las desigualdades existentes, facilitando la adopción de las medidas pertinentes tras realizar un diagnóstico de la situación. El III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, aprobado en 2021, mostraría como, aunque en los últimos años se habría producido un incremento de mujeres en altos cargos, estas seguirían concentrándose en áreas como igualdad y cuidados. Entre los objetivos marcados por el citado Plan, además de la erradicación de cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, se encontraría garantizar una participación efectiva de la mujer y la igualdad de oportunidades para el liderazgo. “Las mujeres no somos diversidad, somos parte de la propia esencia. Hay que buscar que el ser humano esté representado, sin hacer ningún tipo de diferenciación”, concluía María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores.
La integración del liderazgo femenino en la Administración Pública permitiría avanzar hacia un modelo más inclusivo en el que se potencien las conocidas habilidades blandas, tan necesarias en el contexto actual. Esto, redundaría en la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, siguiendo con lo expuesto por Campos Acuña, en su capítulo del libro (al que anteriormente se hacía referencia), la mujer tendría que enfrentarse a la propia cultura de las organizaciones, roles tradicionales y responsabilidades domésticas en el momento de acceder a puestos directivos. El liderazgo femenino, también se vería frenado, en ocasiones, por la brecha digital ante una escasa participación de las mujeres en el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por su parte, iniciativas como la Asociación de Mujeres del Sector Público habrían permitido visibilizar el talento femenino, siendo una vía a través de la que poder impulsar el trabajo desempeñado por las funcionarias. La visibilización resultaría de gran relevancia para situar a la mujer en el lugar que le corresponde en la administración, a fin de que el talento femenino sea reconocido y que las mujeres puedan tener un espejo en el que mirarse.
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