El derecho de los mayores a cumplir con sus obligaciones

Existe un fenómeno asociado a la vejez, por el que muchas personas ven mermar sus derechos conforme el tiempo pasa. Un hecho que se acentúa cuando además de la edad, existe una fragilidad o dependencia. La crisis de la COVID-19 evidenció lo que hasta el momento era una realidad silenciosa, consecuencia de esa visión edadista, por la que las personas mayores se ven relegadas a un segundo plano. En su propuesta por hacer conocedor al colectivo no solo de sus derechos, sino también de sus deberes como ciudadanos y a fin de que estos puedan ser defendidos y ejercidos correctamente, la Fundación Pilares publicaba una guía que ofrece una visión multidisciplinar y muy completa sobre el estado de la cuestión, gracias a la participación de personas mayores, familiares, profesionales y voluntarios.

Adoptando una actitud reflexiva, el documento realiza un recorrido por aquellas situaciones que supondrían una vulneración de derechos, proporcionando a su vez una serie de posibles soluciones. Es necesario resaltar que la discriminación que experimentarían muchas personas durante su vejez no respondería siempre a un comportamiento malintencionado por parte de quien la lleva a cabo. En este sentido, la guía aborda una de las principales razones que darían lugar a dicha pérdida de derechos y que emanaría de la excesiva sobreprotección con la que en numerosas ocasiones familiares y profesionales tratarían a la persona de edad avanzada. El deseo de reducir los riesgos a los que se puede ver expuesta una persona, redundaría en la pérdida de autonomía de esta, afectando simultáneamente a su capacidad de elección. Derivada de esta actitud, los mayores también verían alterados sus deberes como ciudadanos, viviendo exentos de cumplir con ciertas responsabilidades, al considerarles incapaces para llevarlas a cabo. Es por ello, por lo que la guía insiste en la correlación entre ambos conceptos y en su obligado cumplimiento para acabar con dicha discriminación.

El tránsito hacia un modelo de atención integral centrada en la persona ha permitido que poco a poco se vaya reduciendo la visión asistencialista creada en torno a las personas con una fragilidad o dependencia, favoreciendo su participación activa en la sociedad, gracias a la dotación de una serie de recursos que permitan que la persona pueda decidir libremente. Prueba de esto último, lo encontramos en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La introducción de este tipo de modelo, que sitúa al individuo en el centro del mismo y actúa en favor de su bienestar, “está basado en el respeto, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, de modo que la persona deja de ser beneficiaria de bienes y servicios y pasa a ser titular de derechos y deberes. Es decir, ciudadana”, apunta la guía.

La normativa vigente ha supuesto un claro avance en la consecución y el cumplimiento de los derechos de las personas mayores y, particularmente, en los de aquellas que padecen una fragilidad o dependencia, no obstante, los logros alcanzados en el ámbito legislativo no siempre serían puestos en práctica. Así, muchas de estas personas seguirían viendo vulnerados sus derechos al honor, a la privacidad, a la intimidad o a recibir una atención sanitaria y social de calidad, haciendo notable la importancia de que estas modificaciones vayan acompasadas de un cambio de mentalidad por parte de la sociedad en su conjunto.