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La taxonomía europea, el camino hacia un crecimiento sostenible

En vísperas de cumplirse un año desde que se decretara el estado de alarma, la crisis de la COVID-19 empieza a mostrar nítidamente los efectos causados por la pandemia en el tejido económico y social de nuestro país. La palabra reconstrucción se tiñe de verde, urgiendo a los gobiernos adoptar políticas comprometidas con la situación actual, que sigan la estela de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y permitan afrontar con éxito la emergencia climática. Desde la Unión Europea insisten en que la recuperación se lleve a cabo priorizando, entre otras cuestiones, la transición ecológica, siendo esta una de las bases de los conocidos como Fondos Next Generation EU, por los que se pretende conseguir una Europa “más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros”. Una iniciativa que dotará a nuestro país con 150.000 millones de euros hasta 2026. Sin embargo, este no sería el único ambicioso proyecto impulsado por la Unión Europea en defensa de un crecimiento económico sostenible y más respetuoso con el medioambiente, siendo destacable el conocido como Pacto Verde (Green Deal), presentado por la Comisión Europea en diciembre del 2019 y encaminado a conseguir la neutralidad climática del continente en 2050.

La taxonomía europea ofrece un marco común para los Estados Miembros en ese recorrido hacia la descarbonización de la economía y la apuesta por una inversión sostenible, estableciendo unos parámetros uniformes, mediante los que poder afianzar los objetivos perseguidos por el Pacto Verde y los compromisos adoptados por el Acuerdo de París. Los inicios de esta taxonomía o clasificación común se remontan al año 2018 cuando la Comisión Europea presentaba su “Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible”, por el que se lograba establecer en el continente unos criterios generales en materia de sostenibilidad. A raíz de este primer paso, la Comisión constituía un grupo de expertos técnicos (TEG, por sus siglas en inglés), formado por un total de 35 personas, cuyos avances llegaban en marzo del 2020 a través de un informe en el que se establecen las recomendaciones sobre las que sentar las bases legales de la taxonomía verde, además de ofrecer una visión analítica acerca de aquellas actividades con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, así como otro documento de carácter más práctico mediante el que proporcionar a empresas e instituciones una serie de pautas para ayudar a que sus acciones sean más respetables con el medioambiente.

Regulación de la taxonomía

En junio del 2020 el Diario Oficial de la Unión Europea publicaba el Reglamento sobre taxonomía, estableciendo los criterios necesarios para que una actividad económica sea considerada sostenible. Según lo recogido por la normativa, esta se clasificará como tal, siempre y cuando contribuya de forma sustancial al cumplimiento de al menos uno de los siguientes objetivos: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; sostenibilidad y protección de agua y recursos marinos; transición a una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas. La regulación de la taxonomía acerca al continente europeo a cumplir su compromiso con la descarbonización de la economía y mantener la temperatura del planeta por debajo de 1.5°C sobre los niveles preindustriales, a la vez que impulsa al sector financiero a que el capital circule hacia las inversiones sostenibles.

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