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La polarización mediática castiga a España

Información polarizada

El auge de la opinión en detrimento de una información imparcial, junto a la tendencia al alza de la precarización de la profesión de periodista habrían llevado a España a cosechar su peor puntuación en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada anualmente por la organización no gubernamental internacional Reporteros sin Fronteras. Según el ranking, nuestro país se situaría en la 32º posición, tres puestos por debajo del obtenido en la pasada edición, pese a las mejoras alcanzadas en materia de seguridad y un contexto jurídico más favorable. La explicación a tal aparente incongruencia la encontraríamos en la introducción de nuevos indicadores, que mostrarían una visión más completa sobre cuál sería la realidad que vivirían estos profesionales desde una perspectiva internacional. De esta manera, el informe analizaría el marco legal, la seguridad, el contexto sociocultural, político y económico de un total de 180 países y territorios del mundo, siendo en los dos últimos indicadores en los que nuestro país mostraría mayores deficiencias.

La polarización mediática supondría un grave reto para los regímenes democráticos, favoreciendo la fragmentación social y contribuyendo a crear sociedades desinformadas. A nivel general, la libertad de expresión se encontraría en su peor momento, consecuencia del elevado número de países, concretamente veintiocho, que se encontrarían en una situación “muy grave” en lo referido al cumplimiento de este derecho. Por su parte, tan solo ocho estados gozarían de una buena situación.

Las dificultades económicas generadas en torno a la profesión, especialmente remarcadas tras la crisis del 2008 y, por consiguiente, la falta de independencia de los medios de comunicación dificultaría en gran medida el acceso del ciudadano a una información plural y de calidad. La situación afectaría, por tanto, a quien elabora dicha información, volviéndole más vulnerable a sufrir en su propia piel los efectos de la autocensura, pero también al propio lector, al consumir una información en ocasiones sesgada. Todo ello, tendría como resultado el incumplimiento del derecho a opinar y recibir o comunicar informaciones libremente, recogido en el artículo 11. Libertad de expresión y de información de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perder la libertad e incluso la vida sería el elevado precio que muchos profesionales habrían llegado a pagar por contribuir a divulgar una información veraz.

Además de ser un derecho fundamental, la información contribuiría a crear sociedades libres, siendo la objetividad un elemento indispensable a la hora de garantizar la estabilidad de los estados democráticos. En este proceso, organismos, empresas e instituciones han de contribuir con sus acciones a proporcionar una información veraz y accesible a la ciudadanía. Es aquí donde adquieren especial relevancia cuestiones como la transparencia, el gobierno abierto o la deontología, actuando como garantía del buen ejercicio profesional y siendo el mecanismo mediante el que afianzar la confianza de la ciudadanía.

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