Europa trata de restaurar los derechos fundamentales de la ciudadanía tras la pandemia

Además de suponer un riesgo para la salud de la ciudadanía, entre los efectos colaterales que habría traído consigo la pandemia se encontraría la vulneración de derechos sociales tan importantes, como aquellos referidos a la atención médica, la educación o el empleo. Situaciones que, en consecuencia, se habrían visto traducidas en un aumento de la mortalidad, la pobreza, mayores tasas de desempleo y, en definitiva, un incremento de las desigualdades, tal y como recogería el informe sobre Derechos Fundamentales 2022, presentado recientemente por la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA). Si 263 millones de personas correrían el riesgo de verse sumidas en la pobreza extrema como consecuencia de esta crisis, según manifestarían desde Oxfam Intermón, la pandemia también habría llegado a generar el efecto contrario. En concreto, la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales situaría en 573 el número de personas que se habría convertido en milmillonarias durante el transcurso de los dos últimos años.

Como respuesta a la crisis acontecida, el bloque comunitario procedía a la aprobación de un paquete de ayudas, cifrado en 723.800 billones de euros, dirigido a la recuperación y reconstrucción de los Estados Miembros tras la pandemia. Acabar con las divergencias acentuadas por tal situación, mediante la salvaguarda de los derechos sociales y la protección de los colectivos más vulnerables serían dos de los principales aspectos en los que se centraría el plan. Y es que, para al menos un tercio de la ciudadanía europea las desigualdades sociales constituirían uno de los principales retos a los que se enfrenta el bloque comunitario, según se desprende en el documento elaborado por la FRA.

Para la Agencia, un claro ejemplo de esa limitación de derechos a la que se habría visto sometida la población se ve representado en el confinamiento y en cómo este afectó a la autonomía, dignidad y participación en la sociedad de las personas mayores, aspectos recogidos en el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El uso de mascarillas, el cierre de colegios o la suspensión temporal de ciertos servicios públicos también habría supuesto un reto para las personas con diversidad funcional. El documento también reflexiona sobre la digitalización y sus efectos en estos colectivos, llamando a la necesidad de contemplar los diferentes perfiles de los usuarios, a fin de que este proceso no incurra en nuevas discriminaciones, poniendo especial atención en las personas mayores, siendo este el eje central de un proyecto cuyos resultados se darán a conocer, previsiblemente, en el año 2024.

En lo que respecta a las actuaciones que habrían decidido poner en marcha los países a través de sus planes nacionales, algunas de las acciones irían encaminada a integrar mejoras en los sistemas educativo, laboral (dirigidas a diferentes grupos de edad), de salud y cuidados de larga duración, las reformas de los servicios sociales o fomentar la participación social. La preservación y cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha de estar contemplado en los citados planes de recuperación. “Los Estados miembros de la UE también podrían considerar implicar a los órganos estatutarios de derechos humanos en la evaluación del impacto de las medidas de recuperación”, apuntalan desde la FRA.