Claridad, publicidad, veracidad e integridad: elementos clave de la regulación del lobby en España

La actividad del lobby en España se mueve en un limbo sin regular. A falta de una ley específica que regule esta capacidad de influir, el registro voluntario de los grupos de interés que puso en marcha la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) viene a proporcionar algo de luz en este campo, pero aún queda mucho camino por andar. ¿Cómo tiene que ser una regulación del lobby en España?

El director de Public Affairs y Comunicación y consejero en British American Tobacco España, Pedro Fernández, y el director del departamento de Control Interno de la CNMC, Carlos Balmisa, han respondido a esta cuestión en el VII Foro de Transparencia y Buen Gobierno Chile-España, celebrado en la sede de la CNMC y organizado en conjunto con la Fundación Chile-España, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Alcalá y Kreab.

Fernández resume la regulación del lobby en España perfecta con tres características: claridad, publicidad y veracidad. A su juicio, “hay que ser claro para que se valore legítimamente quién eres y hay que dar publicidad a lo que haces y transparencia a la transacción”. También hay que “proporcionar datos veraces: no tergiversar, ni manipular, porque si influyes sin valores manipulas”, agrega. Por último, Fernández, que identifica lobby con “influir”, añade “integridad” a la ecuación.

Por su parte, Balmisa entiende que tiene que crearse “un estándar de declaraciones voluntarias”. Es decir, que los que llevan a cabo esta actividad “lo declaren ellos mismos: qué hace, por qué lo hacen y cómo. Que se manifiesten públicamente”, explica el miembro de la CNMC.

El caso del lobby chileno

La ausencia regulatoria en España contrasta con la actividad del lobby en Chile, expuesta durante la cita por el comisionado del Consejo para la Transparencia de Chile, Marcelo Drago. En Chile se ha creado el portal ‘Infolobby’, que aglutina información sobre viajes, regalos o audiencias de los trabajadores públicos con lobistas.

“Conforme a la Ley Nº 20.730 que regula el lobby, es deber del Consejo para la Transparencia poner a disposición del público los registros de agenda pública y la nómina sistematizada de lobistas y gestores de intereses particulares, pero no es responsable del contenido y la exactitud de los datos que se informan”, justifica el portal Infolobby.

En efecto, “la regulación chilena es completamente distinta a cualquier otra” y “la carga regulatoria recae en el funcionario público a todos los niveles”, indica Drago. “La ventaja del modelo chileno es que logró funcionar”, añade el experto. Ahora, gracias a la gran cantidad de datos recogidos en la plataforma, Infolobby funciona con big data. “Los grandes datos comienzan a hablar, es la ventaja del big data”, apunta Drago.