El Gobierno nombra a los nuevos vocales de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno

El Consejo de Ministros del 27 de abril ha aprobado el acuerdo por el que se procede a la renovación de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, tras nombrar a los siete representantes que ocuparán las vocalías durante los próximos cinco años. La renovación llega un año más tarde de que sus antecesores cesaran técnicamente en sus cargos el 19 de enero del 2020, fecha en la que concluyó su mandato. Desde entonces, hasta ahora, la labor de la Comisión ha seguido siendo desempeñada de manera puntual por los anteriores delegados de las vocalías, quienes acordaron por unanimidad permanecer en funciones para aquellas cuestiones de intervención ineludible.

Presidida por José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desde octubre del 2020, la Comisión queda integrada por Odón Elorza González (diputado por Guipúzcoa del Grupo Parlamentario Socialista); María Teresa Ruiz-Sillero Bernal (senadora del Grupo Parlamentario Popular); Margarita Mariscal de Gante y Mirón (Consejera de Cuentas); José Manuel Sánchez Saudinós (secretario general del Defensor del Pueblo); David Javier Santos Sánchez (abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos); Eloísa Paredes Bordegé (subdirectora General de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Dirección General de Gobernanza Pública); y Diego Pérez Martínez (director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), quien junto a Mariscal de Gante, Sánchez Saudinós y Javier Santos Sánchez prorrogan su mandato. Dicha composición responde a la establecida según el artículo 13 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Entre las funciones que ostentan los representantes de la Comisión se encuentran aquellas relacionadas con el asesoramiento e informe de cuestiones relativas al ámbito de la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno, además de otros cometidos como la colaboración con órganos de naturaleza análoga tanto a nivel autonómico como internacional. Tal y como queda recogido en el Real Decreto 919/2014, al que anteriormente se hacía referencia, los vocales son designados por las instituciones a las que representan, siendo finalmente nombrados por acuerdo de Gobierno.

Compromiso del CTBG con el principio de rendición de cuentas

Constituido en diciembre del 2014, el CTBG lleva desde entonces trabajando por fomentar la cultura de la transparencia en el sector público, reduciendo la inaccesibilidad de las administraciones en beneficio del principio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Tomando como referencia datos relativos a 2020, a 31 de diciembre de ese mismo año el CTBG acumulaba un total de 2.985 entradas de ciudadanos, de las que 1.704 eran reclamaciones. Unas cifras inferiores a las registradas en 2019 cuando el total de entradas ascendía a 3.747 y la cifra de reclamaciones se situaba en 1,780. La suspensión temporal de los plazos administrativos con motivo de la declaración del estado de alarma, llevaba a una paralización de las consultas efectuadas por la ciudadanía en materia de asuntos públicos, dificultando el derecho de acceso del ciudadano a la información pública. El IV Plan de Gobierno Abierto aprobado en octubre del 2020 establece entre sus compromisos el refuerzo de la transparencia y rendición de cuentas, considerando fundamental la labor desempeñada por el CTBG.