El vínculo que se genera entre la ciudadanía y los encargados de gestionar los intereses…
Desinformación, ¿es realmente culpa de los medios?
En la era de la gratuidad y la inmediatez, la información ha pasado a convertirse en un bien muy preciado y, paradójicamente, altamente denostado por la sociedad. La sobreabundancia informativa a la que asistimos, fruto de la globalización y la digitalización de los medios, revela como pese a contar con todas las herramientas necesarias para poder estar mejor informados que nunca, el exceso de datos habría llegado a generar el efecto contrario, volviéndonos mucho más vulnerables frente a la desinformación.
En épocas de crisis como la actual, la exposición a las llamadas fake news o noticias falsas se incrementa, intensificando fenómenos como el de la posverdad, término empleado para referirse a la predisposición del individuo a estar desinformado, y llegando a suponer, por consiguiente, un verdadero problema para cualquier estado democrático. Así lo cree el 68% de los más de mil usuarios españoles encuestados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quienes además de considerar que este tipo de noticias son un peligro para la democracia, un porcentaje elevado de los mismos muestra a su vez su disconformidad con los medios de comunicación, abogando por contar con una legislación más específica que permita controlar eficientemente este tipo de publicaciones y reclamando unas sanciones más severas para aquellos que las difundan. En base a los resultados obtenidos, la radio se posicionaría como el medio de comunicación más veraz, con tan solo un 9% de usuarios que percibirían con frecuencia información falsa, seguido por la prensa escrita (16%). En la otra cara de la moneda se encontrarían las redes sociales, elevando tales porcentajes hasta un 56% y habiéndose convertido en el caldo de cultivo perfecto para la propagación de fake news. Dada la magnitud que estaría llegando a alcanzar el problema, desde compañías como Twitter o Facebook han puesto en marcha diferentes iniciativas orientadas a acabar con la desinformación en la red y muy particularmente, con aquellas cuestiones relacionadas con la COVID-19.
La desconfianza generalizada hacia las redes sociales no implicaría, sin embargo, una mayor confianza en la información propiciada por los medios informativos (al menos en nuestro país). Según el estudio “Trust in media 2020” elaborado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), tan solo un 10% de los españoles confiaría mucho en las noticias elaboradas por dichos medios, nueve puntos por debajo de la media europea. Los datos reflejan la delicada relación que actualmente mantiene la ciudadanía con los medios de comunicación, un nexo prácticamente inexistente que se habría visto mermado durante los últimos años, a consecuencia de fenómenos como la crisis del 2008 y el crecimiento de los modelos de información online. Mientras que diferentes expertos del ámbito de la comunicación consideran que el aumento de la desinformación vendría explicado por el auge de las redes sociales como fuente principal de conocimiento, en su último Informe anual de la profesión periodística (2019), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) apuntaba al informativo televisivo como el medio de información más demandado por la sociedad.
Hacia los modelos de pago
Independientemente de cómo puedan influir las redes sociales en el avance de la desinformación, lo cierto es que el sector de la comunicación lleva años inmerso en una acuciante crisis, que sitúa a la figura del periodista como principal responsable del inadecuado tratamiento de la información. Es por ello, por lo que, ante la proliferación de medios no especializados en el ámbito digital, junto al descenso de la demanda de formatos tradicionales como la prensa escrita, las editoriales avanzan hacia un nuevo modelo de negocio, centrado en ofrecer información de rigor a un determinado valor. Un sistema que, en definitiva, apueste por la reflexión antes que por la inmediatez, solicitando el fin de la gratuidad para cierto contenido. La prensa vuelve así a intentar instaurar una vez más los conocidos como muros de pago, un modelo que, si bien no habría conseguido cuajar en el mercado español, podría llegar a tener su cabida ante el aumento de la demanda de información por parte de la ciudadanía. De esta manera, se lograría generar un compromiso real entre el informador y el lector, convirtiendo a ambos en partícipes de un proceso que restituya el pago por una información de calidad.
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