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Principales aspectos del borrador del IV Plan de Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

El derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos ya sea de manera directa, o a través de unos representantes elegidos libremente por sufragio universal, es una garantía que actualmente se encuentra amparada por el artículo 23.1 de nuestra Constitución. No obstante, la demanda por parte de la sociedad española de una mayor participación en cuestiones de ámbito público, desde una perspectiva transparente e integradora, ha tenido como resultado numerosos avances en los últimos años, viéndose materializados en la incorporación de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto (2011), la aprobación de normativas como la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno o la creación de un organismo púbico independiente como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fundado en el año 2014.

En situaciones de crisis como la actual, la transparencia en los datos manejados por las administraciones públicas cobra especial relevancia a la hora de proporcionar estabilidad a los sistemas democráticos, gracias a la confianza generada en la población en momentos de gran incertidumbre. Una confianza que, por el contrario, se habría visto alterada en los últimos meses debido a la paralización en la tramitación de las solicitudes ciudadanas sobre información pública, resultante de la suspensión de los plazos administrativos durante el estado de alarma.

Con motivo del V Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información, celebrado del 28 de septiembre al 1 de octubre, la ministra de Función Pública y Política Territorial, Carolina Darias, anunciaba el compromiso del Gobierno a seguir trabajando en el cumplimiento del derecho de acceso a la información universal, mediante la reforma de la Ley 19/2013. Proceder a la actualización del marco regulatorio es una de las cuestiones que actualmente se contempla en el borrador del IV Plan de Gobierno Abierto, publicado este lunes por el Portal de Transparencia, y que será sometido a consulta pública durante las próximas tres semanas. A diferencia de sus predecesores, el Plan tendrá una proyección más a largo plazo, por lo que su duración será de cuatro años, en lugar de los dos que se venían estableciendo hasta el momento, a fin de “dar cabida a compromisos más ambiciosos”. Para ello, el Plan hace partícipe a todas y cada una de las administraciones públicas que conforman España, más allá de la Administración General del Estado, con el pretexto de conseguir forjar una relación más efectiva con la ciudadanía. De esta manera, el proyecto sienta las bases en torno a uno de sus ejes fundamentales, la integridad pública, y se compromete a impulsar la comunicación en materia de Gobierno Abierto.

Compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto

En sintonía con la Agenda 2030 y particularmente, con el ODS 16, la cultura del Gobierno Abierto supone un gran avance a la hora de construir una sociedad más justa, pacífica e inclusiva, gracias a la colaboración ciudadana en asuntos de orden público. Garantizar el cumplimiento del principio de rendición de cuentas, motor fundamental de cualquier estado democrático moderno, supone el primer paso hacia la consecución de una administración más abierta y transparente con el ciudadano. En ese deber por seguir impulsando el Gobierno Abierto, el IV Plan fija diez compromisos principales en los que trabajar (en cuya elaboración habría participado la ciudadanía), agrupándolos en cuatro grandes bloques: transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas; mejora de la participación en la gestión pública; integridad de las instituciones públicas; sensibilización acerca de la Cultura del Gobierno Abierto.

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