El Congreso reconoce el derecho a la libre elección de las personas con discapacidad

La reciente aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del Proyecto de Ley por la que se reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica abre la puerta a una nueva realidad en la que se dignifica al colectivo, avanzando hacia su plena inclusión en la sociedad. El consenso alcanzado en la Cámara Baja supone el primer eslabón de un cambio tan necesario, como esperado, pasando de un modelo paternalista basado en la incapacitación judicial del sujeto como medida de protección, a un nuevo marco legislativo que reconoce la capacidad jurídica de toda persona y favorece su propia autonomía.

El Proyecto, que continuará con su tramitación parlamentaria en el Senado, materializa el compromiso adoptado por nuestro país, allá por el año 2007, con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, particularmente, con su artículo 12, por el que se reconoce que tales personas “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. Por ello, la norma elimina la tutela, la patria potestad rehabilitada, así como la patria potestad prorrogada y contempla que sean los poderes públicos los que proporcionen las herramientas de apoyo pertinentes para que la persona en cuestión pueda ejercer su derecho a decidir libremente. En aquellos casos en los que no sea posible llevar a cabo esta acción de manera autónoma, el curador o representante designado será quien actúe en favor de la persona a la que presta su apoyo, teniendo en cuenta los intereses o preferencias de esta última, para lo que será imprescindible acudir a su trayectoria vital. En líneas generales, la citada reforma plantea la modificación de un total de siete normas relativas al Derecho Privado, entre las que se encuentran el Código Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley del Notariado que permiten dotar de potestad a la persona ante cuestiones que hasta el momento no se contemplaban.

Una cuestión de derechos humanos

La regulación del nuevo ordenamiento jurídico nos acerca a la consolidación de un sistema que favorece la autonomía del colectivo, respetando su capacidad de decisión, a la vez que persigue que toda persona, independientemente de su condición, vea cumplidos sus derechos. Dentro del amplio y diverso grupo que conforman las personas con discapacidad, el Proyecto legislativo supone un gran avance para el conjunto de los adultos mayores quienes, en ocasiones, se ven afectados por el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Los especialistas acuden a las palabras “derechos” y “humanos” a la hora de referirse a este acuerdo, entendiendo que la norma no respondería a unas necesidades específicas, sino que más bien garantizaría el cumplimiento de esos derechos inalienables a toda persona. Puesto el negro sobre blanco en el ámbito legislativo, los profesionales apelan a que el procedimiento vaya acompañado de un cambio de mentalidad social a gran escala que permita derruir aquellas barreras presentes en nuestros sistemas que entorpecen el camino hacia su plena inclusión.