La Administración Pública se rinde a lo digital

Si hasta hace unos meses resultaba complejo imaginar un futuro en el que no se incluyera a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como eje fundamental de la sociedad del mañana, a raíz del 14 de marzo, la población española comenzaba a experimentar por sí misma la importancia que ostentan las TIC, hasta en las acciones más cotidianas de nuestro día a día. La decisión del Ejecutivo de proclamar el estado de alarma, exigió a empresas y particulares ajustarse a una nueva realidad, para la que no existía ni el tiempo ni la posibilidad de no estar preparado. Desde ese momento, la transformación digital pasaba de ser considerada una opción, a una necesidad, sacando a la luz las fortalezas y debilidades tanto del sector público, como privado.

Centrándonos en la esfera de la Administración Pública, los organismos reaccionaban ante la decisión del Gobierno, relegando la asistencia presencial y poniendo a disposición del ciudadano una serie de canales telemáticos, mediante los que poder seguir dando continuidad a determinados servicios esenciales. Al igual que ocurriría con el sector privado, el teletrabajo se convertía en el principal motor de actividad para los empleados públicos, un modelo hasta entonces poco instaurado en las Administraciones. Aunque todavía es demasiado pronto para poder analizar en profundidad cuál ha sido la respuesta de los organismos públicos ante el nuevo escenario planteado por el COVID-19, un reciente estudio publicado por la fundación FEDEA situaría en un 50% el porcentaje de ocupados en la Administración Pública, que actualmente tendrían capacidad para teletrabajar. Todo apunta, a que la crisis emergida por la epidemia habría acelerado enormemente la transformación digital de un sector, que parecía estar obsoleto.

No obstante, a lo largo de los últimos años se iniciaba un camino hacia la reconversión tecnológica, especialmente marcado por el Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OO.PP), presentado en el año 2015, y con una proyección de futuro hasta 2020. Ese mismo año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba las Leyes 39/2015 y 40/2015, por las que se comenzaba a impulsar la tramitación electrónica en las Administraciones, a fin de poder simplificar determinados procedimientos de manera eficaz, adaptándose a las nuevas necesidades de los ciudadanos. A pesar de ello, lo cierto es que la heterogeneidad del sistema ha dejado ver muchas diferencias entre las respuestas dadas por unos organismos y otros. Dejando a un lado estas diferencias, si hay algo que se ha podido sacar en claro de la crisis en la que nos encontramos inmersos, es que hasta aquellas Administraciones que parecían estar menos preparadas, lograron adaptar sus servicios de la noche a la mañana. Un hecho, que evidenciaría cómo más que por una falta de medios, la transformación digital se habría visto particularmente afectada por la tendencia de diferentes organismos a mostrarse reacios a incorporar nuevos modelos de trabajo, que rompieran con la dinámica tradicional. No es el caso de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que ya en el año 2019 el 55% de su plantilla contaba con dos días de teletrabajo.

Administración Pública y digital

La rápida adaptación de las instituciones públicas a la nueva coyuntura, gracias en parte a la labor de sus funcionarios, ha facilitado en gran medida la prestación de determinados servicios esenciales, sin que el ciudadano se haya visto afectado. Para Andrés Pastor, Gerente Adjunto en Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el hecho de que el propio ciudadano haya tenido que «sustituir sus rutinas habituales por digitales», podría incidir notablemente en su demanda particular a la Administración Pública de garantizar un entorno más digital . Tal y como exponía durante su intervención en la webinar organizada por Wolters Kluwer: «La Administración en la era post-Covid: una propuesta de futuro”, la necesidad de digitalizar determinados procedimientos habría repercutido positivamente en una transformación, que hasta el momento solo era hecha «a golpe de BOE».

Eso sí, en ese camino a lo tecnológico, los expertos coinciden en que no solo es importante contar con unas estructuras básicas que permitan ese salto a lo digital, sino que a su vez, es imprescindible dedicar parte de los recursos a formar a los propios trabajadores. En este sentido, la formación no solo debería estar orientada en dotar a los empleados de ciertas competencias en lo que a la tramitación online se refiere,  sino que sería interesante dedicar parte de los recursos a mejorar la experiencia del propio usuario, gracias a un sistema y unos profesionales que sepan adaptarse a una aptitudes a veces, escasas, en el campo de lo tecnológico. «Estamos en un proceso de transición digital y transformación de cultura organizacional. Pasamos de lo vertical, ventanillas, departamentos… a una Administración en red, abierta, colaborativa», apuntaba Raúl Oliván, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social Frenalacurva.net.

Sin embargo, no todo está en manos de las instituciones públicas, también es necesaria una voluntad política. Así lo cree Rafael Jiménez, Formador y Consultor en el ámbito del sector público, quien lamentaba que la reforma de la Administración no haya sido incluida en la Agenda política. Para Jiménez, es fundamental «combinar bien una buena política y una buena organización» a la hora de lograr una trasformación efectiva y una Administración «mucho más empática.»