¿Es la tasa Google el remedio ante los abusos fiscales?

Hace unos días, la conocida como tasa Google volvía al escenario público, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley relativo al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). De esta manera, el Gobierno ponía de nuevo sobre la mesa una cuestión que, ya fue abordada en anteriores legislaturas y para la que finalmente no se pudo ratificar una ley, debido a la convocación de elecciones generales en abril del 2019. Su principal objetivo, radica en conseguir cambiar las reglas del juego hasta entonces establecidas, en lo que a materia fiscal y servicios digitales se refiere.

Pese a su nombre, la tasa Google, no solo cuestiona los tributos aportados por el gran gigante tecnológico a nuestro país, sino que engloba a otras multinacionales como Apple, Facebook, Amazon o Spotify. En concreto, este tipo de impuesto afectaría a todas aquellas empresas cuyos ingresos anuales mundiales superasen los 750 millones de euros y recaudasen más de tres millones en España. Las pymes, por tanto, quedarían exentas de este gravamen, mediante el que, según lo aportado por el Gobierno, se pretende recaudar en torno a 968 millones de euros, una cifra bastante inferior a la esperada en un primer momento, que se situaba en torno a los 1.200 millones. Dicha cuantía, se conseguiría a través de un tipo impositivo del 3% que se aplicaría sobre determinados servicios relativos a la publicidad, la intermediación en línea y la venta de datos.

La iniciativa de España sigue los pasos de otros países europeos como Francia o Italia, en donde ya se cuenta con un impuesto similar al de la tasa Google, y responde paralelamente al deseo de la Comisión Europea de establecer un gravamen común que, pueda ser aplicado en todos los estados miembros.

Reacciones ante la tasa Google

A priori, la tasa digital pretende lidiar con las prácticas fiscales abusivas que ejercen determinadas empresas en nuestro país, sin embargo, lo cierto es que todavía se desconoce el impacto que puede llegar a tener esta medida. Lo que sí sabe con certeza es el rechazo del Gobierno de Estados Unidos a este tipo de tributo que, afecta en gran parte a las multinacionales americanas, anteriormente mencionadas. Tal es el temor a una posibles represalia por parte de EEUU, que desde el Gobierno español han querido actuar con cautela, anunciando que el impuesto no será recaudado hasta finales de año, con el fin de dar tiempo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la elaboración de un posible acuerdo regulatorio sobre fiscalidad.